CONTEXTO
El desempleo es un problema acuciante en El Salvador: se considera que casi el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en el sector informal y solo cerca de un millón de salvadoreños tienen empleos formales según las estadísticas de ISSS, es decir solo un 30% de la PEA y estos no necesariamente trabajando de forma permanente.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, el 6.2% de la PEA está en situación de desempleo abierto en el área urbana y 6.3% en el área rural y el subempleo alcanza al 35% de la PEA. Pero aún según datos de la EHPM, el nivel de empleo informal es más del 45% en ambas zonas.
En años recientes, la generación de empleo ha sido limitada por varios factores, incluyendo una baja inversión pública de solo el 15% del presupuesto nacional y una inversión extranjera negativa de más de 100 millones de dólares en 2022. Aunque la inversión privada nacional aumentó post-pandemia, ha vuelto a niveles normales. Estas limitaciones son resultado de políticas gubernamentales ineficaces, creando un clima desfavorable para la inversión. Factores como la eliminación de la Sala de Constitucionalidad y la independencia judicial, y la adopción del bitcoin, han contribuido a una falta de seguridad jurídica y a una baja calificación de riesgo país.
Además, en los últimos años, el costo de bienes y servicios básicos ha aumentado significativamente, impactando negativamente en la vida de la mayoría. El costo de la Canasta Básica Alimentaria, tanto en zonas urbanas como rurales, ha crecido, consumiendo más del 70% del salario mínimo urbano y más del 90% en áreas rurales. Solo entre enero de 2021 y agosto de 2023, el costo aumentó en US$ 51.52 en áreas urbanas y US$ 47.27 en rurales. Para agosto de 2023, la CBA urbana llegó a US$ 255.18 y la rural a US$ 189.02. La inflación, que fue del 7% el año pasado y actualmente es del 3.5%, afecta principalmente a las familias de bajos ingresos y en situación de pobreza, siendo la más alta en los últimos 23 años.
OBJETIVOS DEL EJE
- Crear las condiciones que permitan más y mejores empleos, a través de mayores inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, así como garantizando seguridad jurídica y procurando otros incentivos.
- Promover políticas de empleo decente, en principio mejorando el salario mínimo y las condiciones laborales, sin afectar a las situación de las micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales.
- Fortalecer el tejido productivo de la micro, pequeña y mediana empresa las cuales constituyen más del 98% de las empresas del país, contribuyen con más del 50% del empleo generado y el 45% de la producción nacional.
MEDIDAS
- Priorizar la seguridad jurídica. Promover la eliminación de todas las normas y decisiones que han creado un marco de inseguridad jurídica para las empresas e inversiones nacionales y extranjeras, particularmente aquellas que socavan la independencia judicial, la persecución del delito, los límites a la expropiación y el control de fondos públicos. Así como todas aquellas que hayan afectado la democracia, la separación de poderes y los derechos humanos.
- Fomento de la inversión. Promover el establecimiento de mecanismos que agilicen la inversión nacional y extranjera, así como las facilidades para el comercio nacional y exterior (particularmente agilización de trámites y mejora de costos de servicios). También promover nuevas leyes que incentiven y garanticen el desarrollo de nuevas inversiones privadas, nacionales y extranjeras (como, por ejemplo, mediante la creación de Zonas de Desarrollo Tecnológico u otras similares). Promover decididamente la ampliación unión aduanera centroamericana, que por ahora solo existe con Guatemala y Honduras. Fortalecer el papel más activo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la atracción de inversiones, a través de sus embajadas y consulados.
- Mejora del salario mínimo. Incrementar el salario mínimo considerando los costos de la canasta básica alimentaria y otros componentes del costo de vida, tales como el gasto familiar mensual en: vivienda, telefonía, salud, educación, transporte, vestimenta, recreación. En una primera fase, podría considerarse un aumento que lleve el salario mínimo a un monto entre 500 y 600 dólares (considerando que solo el costo de la CBA es de $257 dólares en la actualidad y el de la Canasta Básica Ampliada (CBAA) llegaría a $514 dólares). Además, El Salvador tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la región centroamericana después de Nicaragua (Panamá y Costa Rica, más de 600 dólares. Guatemala y Honduras más de 400 dólares, El Salvador más de 300 dólares y Nicaragua alrededor de 200 dólares).
- Plan permanente de protección de la economía familiar. El plan establecería acciones orientadas a reducir el costo de la canasta básica alimentaria y los servicios básicos, tales como: eliminar temporalmente el IVA a los productos de consumo básico; regular los costos de los servicios básicos, focalizando subsidios y estableciendo tarifas diferenciadas: agua, electricidad, gas, transporte y telefonía. El plan también debería establecer regulaciones de precios de insumos claves para la producción agrícola e industrial (precios del petróleo, fertilizantes, insecticidas, entre otros). Entre otras medidas clave, el plan debería mejorar la cobertura y calidad de los paquetes agrícolas para pequeños productores y evaluar la producción de insumos agrícolas a nivel nacional.
- Plan nacional de empleo decente. El plan debería garantizar seguridad social, pensiones, salarios justos y otras condiciones laborales y priorizar empleo para jóvenes y mujeres para que se ubiquen en actividades productivas y de servicios, mejorando sus condiciones salariales y laborales.
- Política integral de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. La política debería incluir medidas tales como: asesoría para su creación y fortalecimiento, asistencia técnica y financiera, carteras de crédito especiales para un acceso a fondos de inversión, apoyo en desarrollo tecnológico y digital, entre otros.