6. Medio Ambiente y Energía

Eje de trabajo 6: Medio ambiente y energía

CONTEXTO

El Salvador sufre una grave crisis ambiental que se ve reflejada en el aumento de la vulnerabilidad del territorio a los fenómenos climáticos y geológicos. Esta vulnerabilidad se exacerba por la deficiente gestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de la contaminación del suelo, agua y aire, y por la creciente falta de planificación y desregulación que generan más destrucción ambiental.

La gestión ambiental del agua es central para abordar la crisis hídrica en El Salvador, una situación que actualmente viola el derecho humano al agua. Esta crisis se manifiesta en la falta de acceso de la población a agua de calidad y en cantidad suficiente para garantizar una vida digna. Para enfrentar eficazmente esta crisis ambiental, es fundamental desarrollar políticas públicas con un enfoque de cuenca a nivel nacional. Trabajando bajo esta perspectiva, se pueden realizar avances significativos en la reducción de la crisis hídrica y en la protección del derecho fundamental al agua.

OBJETIVOS DEL EJE

  1. Generar una cultura de sustentabilidad ambiental en la gestión gubernamental en todo el país.
  2. Promover la gestión integral de riesgos a desastres y la adaptación al cambio climático.

MEDIDAS

  1. Fortalecer aplicación legislación medioambiental: Trabajar en reforzar la aplicación de las leyes ambientales existentes para mejorar la gestión del medio ambiente. Aunque estas normas son de cumplimiento obligatorio, aún es necesario que las autoridades realicen un seguimiento efectivo para asegurarse de que se cumplan sus objetivos y medidas, beneficiando tanto a la población como a los ecosistemas.
  2. Ley de Medio Ambiente que tiene como objetivo implementar las disposiciones de la Constitución para proteger, conservar y restaurar el ambiente. Busca promover el uso sostenible de recursos naturales, mejorando la calidad de vida actual y futura. Además, regula la gestión ambiental en los sectores público y privado, establece la protección ambiental como una responsabilidad común, y asegura la aplicación de los tratados internacionales ambientales firmados por El Salvador.
  3. Ley de Protección a las Áreas Naturales Protegidas que busca regular cómo se manejan y protegen estas áreas. Su objetivo es conservar la diversidad biológica y asegurar que los procesos ecológicos sigan funcionando, manteniendo los sistemas naturales para siempre. Todo esto se hace a través de un manejo sostenible, pensando en el beneficio de los habitantes del país.
  4. Ley de Conservación de la Vida Silvestre que se enfoca en proteger, restaurar, manejar y conservar la vida silvestre. Regula actividades como la caza, recolección y venta, y otras formas de uso de la vida silvestre.
  5. Ley Forestal que busca aumentar, manejar y usar los recursos forestales y desarrollar la industria de la madera, todo de manera sostenible. Además, busca fomentar la participación del sector privado en la reforestación del país con propósitos productivos, excluyendo de esta normativa las Áreas Naturales Protegidas y los bosques Salados.
  6. Ley de Prohibición de la Minería Metálica que prohíbe la minería metálica  en el suelo y subsuelo del territorio de la república.
  7. Ley General de Recursos Hídricos que regula la gestión completa del agua para asegurar su sostenibilidad y el derecho humano al agua. Busca mejorar la calidad de vida en el país y fomentar el desarrollo humano, social y económico a través del uso sostenible del agua.
  • Fomentar la participación ciudadana en la defensa ambiental. Promover la creación de espacios de participación ciudadana a nivel local, municipal y nacional que permitan el seguimiento y monitoreo del trabajo de las instancias ambientales introduzcan verdaderos mecanismos de contraloría social.
  • Priorizar la gestión sustentable del agua. Promover la gestión sustentable del agua como política nacional prioritaria para la protección y conservación de zonas de recarga hídrica, partes altas de las cuencas hidrográficas, determinación de caudal ecológico mínimo que permita el mantenimiento de los ecosistemas, toma de decisiones hídricas basadas en los limites ambientales y el seguimiento de un balance hídrico nacional permanentemente actualizado, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua. Ello debería incluir:
  • Veda o restricciones rigurosas a la tala de árboles a nivel nacional.
  • Restauración de los bosques salados y de galería en el territorio.
  • Prohibición del uso de los agrotóxicos.
  • Prohibición de la quema agrícola, incluyendo la quema del monocultivo de la caña de azúcar.
  • Prohibición de los plásticos de un solo uso y la regulación uso de otros plásticos.
  • Regular uso aguas transfronterizas (cuenca compartida) y evitar minería metálica.
  • Proteger la diversidad biológica. Garantizar la protección de la diversidad biológica, que permita que el desarrollo de proyectos, planes y acciones sean acorde a la vocación ambiental.
  • Ordenamiento ambiental (bio-capacidad de cada territorio).
  • Aumento de guarda recursos (cuidar áreas protegidas)
  • Organizar redes de vigilantes ambientales (participación comunitaria).
  • Prohibir cambio de uso del suelo en bosques de manglar.
  • Preparar al país frente al riesgo de desastres. Desarrollar una política y gestión integral de riesgos de desastres que ponga especial atención a la gestión preventiva y correctiva de los riesgos, con el objetivo de proteger la vida, bienes y medios de vida de la población en el territorio nacional y que incluya:
  • Reactivación de las Comisiones Comunales y Municipales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, brindándoles capacitación, equipamiento
  • Potenciar el Fondo Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
  • Desarrollar planes locales y nacionales de adaptación a los impactos del cambio climático.
  • Impulsar una Ley de Combate al Cambio Climático (para la mitigación, adaptación y atención de pérdidas y daños).
  • Fomentar la transformación de la cultura ambiental. Promover la adoptación de una cultura ambiental en la población con el objetivo de darle valor a la protección y conservación de los bienes ambientales a nivel nacional. Dicha política debería contemplar:
  • Instruir a las instituciones públicas sobre la crisis socio ambiental y la adecuada legislación ambiental para su aplicación.
  • Actualizar el plan de estudios escolar para incluir contenidos sobre cambio climático, gestión del riesgo, contaminación, adaptación y gestión de residuos.
  • Involucrar a todos los sectores sociales en el cuidado y protección de los ecosistemas.