Eje de trabajo 11: Administración Pública
CONTEXTO
La administración pública -entendida como instrumento para el diseño e implementación de políticas y servicios públicos- está en la actualidad afectada o amenazada por diversos fenómenos que -estructurales o coyunturales- disminuyen o impiden alinear su gestión a los intereses de las salvadoreñas y salvadoreños. El patrimonialismo, al confundir lo público con lo privado, erosiona la integridad de la administración pública y favorece la corrupción. La privatización, aunque en algunos casos puede aumentar la eficiencia en algunos casos, a menudo se realiza a expensas de la equidad y, en ausencia de controles interorgánicos, también abre la puerta a la corrupción. La centralización obstaculiza la responsabilidad local y la adaptación a las necesidades comunitarias, creando sistemas burocráticos inflexibles que responden a los intereses del centro que, en este caso, se trata de un régimen autoritario. Por último, la militarización de la administración pública no solo genera un ambiente de intimidación y miedo, sino también subordina las variadas perspectivas civiles a la imposición militar, restringe la participación ciudadana y ha llevado ya a violaciones de derechos humanos.
OBJETIVOS DEL EJE
- Impulsar la transformación de la administración pública para convertirla en un instrumento al servicio del Estado y no del partido de turno.
- Fortalecer los mecanismos institucionales mediante los cuales la administración pública salvadoreña adopta decisiones y presta servicios con equidad y probidad.
MEDIDAS
- Reforma integral de la función pública. Se propone impulsar la reforma integral de la función pública que profesionalice el servicio civil bajo criterios de mérito, idoneidad, transparencia y probidad. El objetivo será fortalecer y proteger el ingreso y desarrollo del cuerpo de servidores públicos para que estos sirvan a la ciudadanía en general, y no a los intereses de un gobierno o partido en particular. La reforma también dignificará el trabajo de los servidores público mediante el reconocimiento a su desempeño y la creación de mejores condiciones para su desarrollo profesional, incluyendo la instauración de una verdadera escuela de administración pública.
- Política nacional de gobierno abierto. Se propone impulsar una exhaustiva reforma administrativa para introducir normas, estándares, políticas institucionales, prácticas y formación para que la administración pública salvadoreña se vuelva transparente, rinda cuentas a la ciudadanía y abra espacios institucionales de participación ciudadana. La reforma iniciará con un decreto ejecutivo -de valor simbólico- para que toda oficina del Órgano Ejecutivo retome inmediatamente los estándares de la Ley de Acceso a la Información Pública e instaure prácticas de rendición de cuentas. Se nombrará además un comisionado presidencial de gobierno abierto para dirigir la implementación de la política nacional de gobierno abierto.
- Política de gobierno digital al servicio de la gente. Se propone adoptar una política de administración electrónica inspirada en mejores prácticas de líderes globales como Estonia que incluiría el establecimiento gradual de una infraestructura digital centralizada para el intercambio eficiente de datos entre instituciones y oficinas gubernamentales, reduciendo ineficiencias burocráticas. Un componente clave sería la introducción de un sistema de identidad digital para los ciudadanos, que permita un acceso más fácil a diversos servicios de la Administración al tiempo que garantiza la seguridad. Este enfoque aumentaría la transparencia y la participación de los ciudadanos en el control del uso de sus datos. La política también incluiría el compromiso de utilizar las tecnologías actuales y emergentes para promover una gobernanza digital transparente, con rendición de cuentas y participación ciudadana. Los objetivos centrales serían agilizar las operaciones de la Administración, mejorar la prestación de servicios públicos y potenciar la política de gobierno abierto.
- Reorganización administrativa. Se propone impulsar una política de reorganización administrativa robusta para revitalizar la gestión pública. Esta política tiene como objetivo principal eliminar las redundancias institucionales, fusionando entidades con funciones redundantes y redistribuyendo recursos para optimizar operaciones. Para fomentar la innovación en la prestación de servicios, se establecerá un marco de política pública que promueva la adopción de tecnologías emergentes y la colaboración con el sector privado, incubando así un ecosistema propicio para la mejora continua. Además, se implementarán protocolos de coordinación interinstitucional que faciliten la comunicación y cooperación entre diferentes entidades gubernamentales, permitiendo una respuesta más ágil y efectiva a las necesidades de los ciudadanos.
- Descentralización territorial inteligente. Se propone impulsar una política de descentralización territorial inteligente que buscaría redistribuir poder y recursos hacia los gobiernos locales, promoviendo la autogestión y la toma de decisiones basada en datos sobre recursos y necesidades territoriales. Incluiría mecanismos para mejorar la capacidad administrativa local, fomentar la innovación tecnológica y fortalecer la cooperación interterritorial. La política iniciaría revisando la recentralización impulsada por este gobierno y revirtiendo todo aquello que amenace oportunidades de desarrollo local, incluyendo la creación de un nuevo marco legal para el fondo para el desarrollo económico y social de los municipios (art. 207 Cn.) y la eliminación de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Se propondría otorgar nuevas atribuciones ejecutivas a los gobernadores como coordinadores de la gestión del gobierno central con los gobiernos municipales, lo cual requeriría de la construcción de una nueva institucionalidad departamental.
- Reversión de todas las reformas privatizadoras de este gobierno. Se propone impulsar la reversión de todas las reformas legales impulsadas por el actual gobierno que han permitido o permiten la creación de sociedad mercantiles sin control estatal y con fines apartados del interés público, así como de cualquier otra inversión de recursos públicos con fines privados, incluyendo aquellas asociadas a la adoptación del Bitcoin en el país. Entre ellas, se revisarán las reformas que han permitido la privatización de recursos de sociedades financiadas con recursos de la CEL y sus subsidiarias, CEPA y la DOM.
- Reversión de la militarización de la administración pública. Se propone adoptar todas las medidas ejecutivas e impulsar todas las medidas legislativas que aseguren el estricto cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Salvo motivos de Se iniciaría prohibiendo la participación de militares en labores civiles y el gradual, pero acelerado retiro de la Fuerza Armada de las funciones de seguridad pública (art. 168 atribución 12º y 212 Cn.).