Eje de trabajo 9: Seguridad pública con fundamento constitucional
CONTEXTO
Los Acuerdos de Paz establecieron un nuevo modelo de seguridad pública que se ha venido desdibujando a lo largo de los años, pero que se ha agravado en la actual gestión presidencial. En la presente gestión gubernamental, particularmente desde la entrada en vigor del Régimen de Excepción y de las reformas penales y procesal penales aprobadas por la Asamblea Legislativa, la justicia penal ha retrocedido dramáticamente y ha impactado de forma directa en el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, y de la PNC en particular, lo cual estaría gestando un patrón de actuación policial, simular al que, en el pasado, causó graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Se advierte además un incremento en la militarización de la seguridad pública: de aproximadamente 14 mil efectivos militares que había en 2017, se podría alcanzar al final de este período una cifra cercana a los 40 mil militares.
La situación de derechos humanos en el país se ha deteriorado notablemente en los últimos dos años. Hasta septiembre de 2023, se reportaron más de 5.775 violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones ilegales, desapariciones forzadas, muertes en prisión y torturas. Estas prácticas parecen ser sistemáticas, como lo indica la admisión del Ministro de Seguridad Pública sobre la liberación de cerca de 5.000 personas detenidas ilegalmente, más del 7% de los arrestados durante el régimen de excepción.
Por otro lado, el Plan Control Territorial ha sido criticado por su falta de transparencia y por no abordar aspectos esenciales como la prevención del delito, el tratamiento adecuado de los detenidos, la rehabilitación y reinserción, y la atención a las víctimas de violencia de pandillas. Más del 1% de la población del país está en prisión, lo que resalta la gravedad de las deficiencias en la seguridad pública y la gestión de los derechos humanos. Pero aún más importante, hay evidencia creciente de que la política de seguridad de este gobierno estuvo o ha estado sustentada en buena parte en acuerdos al margen de la ley con pandillas.
OBJETIVOS DEL EJE
- Asegurar de manera sostenible la seguridad y paz pública en zonas rurales y urbanas, respetando plenamente los derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo y evaluación de la política de seguridad pública, manteniendo el respeto al orden democrático y al Estado de Derecho.
- Garantizar la eficiencia y efectividad de las instituciones de seguridad pública, trabajando coordinadamente con otras entidades estatales para ofrecer una respuesta integral a la criminalidad, enfocándose en la prevención y persecución del delito, siempre respetando los derechos humanos.
- Promover la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones de seguridad pública, esencial para recuperar la confianza ciudadana, asimilar el nuevo modelo de seguridad, fomentar la integridad policial y combatir la corrupción.
MEDIDAS
- Salida ordenada del régimen de excepción. En el corto plazo, para atender urgentemente los impactos del régimen de excepción, en particular a las víctimas detenciones ilegales o arbitrarias, se proponen las siguientes acciones inmediatas:
- Poner fin a las extensiones indefinidas del régimen de excepción.
- Formar un grupo de trabajo interinstitucional (incluyendo la contratación de temporal de alrededor de 700 abogados/as adscritos/as a la PGR) con el objetivo de identificar y dar atención jurídica a personas inocentes privadas de libertad y procurar su inmediata liberación, al tiempo que se asegura que quienes tienen responsabilidad por delitos permanezcan detenidos..
- Iniciar investigaciones correspondientes para someter al respectivo juicio a los responsables materiales e intelectuales de estos delitos.
- Gestionar ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la instalación de una Comisión de la Verdad que investigue estas graves violaciones de derechos humanos y presente un informe sobre los crímenes internacionales que se han cometido durante la aplicación del régimen de excepción.
- Analizar, en coordinación con otras entidades de justicia y la comunidad internacional, la totalidad de las reformas penales y procesal penales que se han producido en contravención de la jurisprudencia constitucional y de los estándares internacionales de derechos humanos, e impulsar ante la Asamblea Legislativa, las reformas legales correspondientes para la ejecución de una política de seguridad pública democrática y respetuosa de la dignidad humana.
- Diseñar y promover una política de reparación integral para las víctimas de abusos policiales y de graves violaciones a los derechos humanos, con perspectiva de género e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.
- Política de seguridad pública. En coordinación con organizaciones de la sociedad civil, adoptar una política de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos, a fin de brindar a la población salvadoreña la debida protección a su integridad personal (física, material y emocional), dar un tratamiento integral al fenómeno de la violencia, y superar la impunidad estructural de la violencia social y de violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente. Esta política se enfocará especialmente en la prevención de la violencia y la criminalidad, el combate efectivo del delito, la atención integral a las víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, y la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad. Todo ello, desde un enfoque estatal articulado y una asignación presupuestaria acorde a esta nueva visión de seguridad pública.
- Perspectiva de género e inclusión. Incorporar, ya sea en la nueva política de seguridad pública o creando políticas específicas, así como en todas las acciones administrativas de las instituciones del sector, un tratamiento equitativo, humano y respetuoso hacia las mujeres, la niñez y la adolescencia, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, población LGBTIQ+ y otros sectores que estén en situación de vulnerabilidad.
- Recuperación de la naturaleza constitucional de la seguridad pública. Devolver la naturaleza civil, el arraigo comunitario, la centralidad de los derechos humanos en toda la gestión y estructura jerárquica institucional, así como la garantía de la independencia política, ideológica o de cualquier naturaleza, de las instituciones de seguridad pública a fin de que ejerzan su labor sin interferencias externa e indebidas, centrada en la protección integral de la persona y en el mantenimiento de la paz y del orden social en todo el territorio nacional, con pleno respeto en la dignidad humana. Esta acción requerirá de una revisión y diseño integral de una doctrina de seguridad pública democrática y respetuosa de derechos humanos, así como de una actualización del currículum y del esquema metodológico de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
- Desmilitarización de la seguridad pública. Impulsar un proceso gradual de disminución de efectivos militares en tareas de seguridad ciudadana, paralelamente que se generan las condiciones de fortalecimiento de la institución policial para cubrir en calidad y cantidad, las tareas que han sido encomendadas a la Fuerza Armada.
- Fortalecimiento institucional y dignificación policial. Fortalecer financieramente las instituciones de seguridad pública, atendiendo a la salud emocional y necesidades básicas de su personal. Esto implica revisar y ajustar continuamente el presupuesto para modernizar la institución, y mejorar los salarios y servicios básicos, reconociendo el esfuerzo y riesgos del personal..
- Atención integral a las víctimas. Reactivar y desarrollar progresivamente y en coordinación con otras entidades estatales, un programa de atención integral para las víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos, a fin de contribuir eficazmente con su recuperación integral y el restablecimiento de su proyecto de vida.
- Fortalecer los mecanismos de control interno de la seguridad pública. Reactivar y desarrollar las instancias de control interno de la Policía Nacional Civil, a fin de garantizar una actuación policial respetuosa de los derechos humanos y en estricto apego a los deberes normativos y éticos del personal en todos los niveles de la estructura de la PNC, promoviendo siempre el respeto al debido proceso y la aplicación de penalidades proporcionales a las faltas y delitos correspondientes.
- Sistema penitenciario para la resocialización y reintegración económica y productiva. Diseñar una política de atención integral para las personas privadas de libertad para que, en coordinación con otras instituciones de justicia y del Gobierno Central, se disminuya el hacinamiento penitenciario, se mejoren las condiciones de vida de esta población y se garanticen programas de habilitación laboral y ocupacional, que faciliten la reinserción.
- Institucionalización de mecanismos de participación ciudadana. Crear e institucionalizar mecanismos de participación ciudadana para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad pública, a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario.
- Cooperación técnica y financiera. Gestionar cooperación técnica de organismos internacionales, en particular de derechos humanos, y de gobiernos solidarios, para fortalecer las capacidades internas de las instituciones de seguridad pública y la estricta observancia de las obligaciones internacionales de El Salvador, en esta materia.
- Separar funciones de justicia y seguridad. Adscribir de forma inmediata las funciones y mandatos en materia de seguridad pública y los de materias de justicia a dos ministerios distintos.