Eje de trabajo 10: Lucha contra la corrupción
CONTEXTO
La corrupción ha sido un fenómeno estructural en el funcionamiento del Estado salvadoreño, como demuestra el largo historial de casos de corrupción política y administrativa y la incapacidad estatal para perseguirlos oportunamente. Este fenómeno se agrava cuando, como en la actualidad, es el gobierno el que asegura impunidad a los funcionarios señalados por conductas corruptas o se encuentra permeado de redes de crimen organizado.
El desmantelamiento o cooptación de los frenos y contrapesos, incluyendo los órganos independentes de control horizontal como la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la misma Fiscalía General de la República, hace prever que estos patrones no harán sino agravarse en el futuro próximo.
Incluso antes de la crisis autoritaria actual, la lucha contra la corrupción en El Salvador era inefectiva por, entre otras causas, la ausencia de una estrategia integral y de alcance nacional con claridad de mandatos, institucionalidad coordinada, mecanismos adecuados y recursos suficientes puestos a disposición de los objetivos de prevenir, detectar, investigar y perseguir la corrupción, así como de recuperar los activos obtenidos de forma corrupta. La evidencia disponible permite concluir que, bajo el actual marco de política pública, jurídico e institucional, El Salvador no será capaz de luchar contra la corrupción de manera efectiva y sostenible.
No menos importante es la existencia de una cultura ciudadana con tolerancia a prácticas de corrupción y escaso involucramiento en su control social y denuncia que normaliza el abuso de los recursos públicos para fines privados. El uso electoral y propagandístico de la causa anticorrupción, así como su utilización como pretexto para la persecución política también alimenta este ciclo vicioso de impunidad.
OBJETIVOS DEL EJE
- Detener las prácticas de corrupción de la política y de abuso de los recursos públicos normalizadas actualmente en el Estado.
- Transformar de raíz la manera cómo el Estado salvadoreño lucha contra la corrupción.
- Iniciar la transformación de la cultura ciudadana para disminuir su tolerancia a la corrupción y volverla activa participante de la lucha contra todas sus expresiones.
MEDIDAS
- Prohibición absoluta de promoción personal. Prohibirse todo uso de la imagen personal del presidente, el vicepresidente o cualquiera de los funcionarios del Órgano Ejecutivo y sus parientes en las instalaciones y comunicaciones de instituciones públicas. Se eliminaría además la práctica de colocar el nombre o la fotografía del presidente o de sus funcionarios en todas las instituciones públicas. Se promoverá una reforma legal para prohibir esta misma práctica en el resto del Estado.
- Fin de los sobresueldos. Prohibir toda conducta conducente a ofrecer, crear, o gestionar remuneraciones no contempladas en presupuesto o en el contrato de servicios de los servidores públicos. Se propone crear una comisión interinstitucional para ordenar y transparentar las remuneraciones estatales que, mientras no se apruebe un nuevo marco jurídico de la función pública, racionalice las remuneraciones de servidores públicos y elimine discordancias salariales inter e intra institucionales.
- Reactivación de todos los casos CICIES. Se propone demandar de la Fiscalía General de la República la reactivación inmediata de todos los casos de corrupción que estuvieron bajo investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, a fin de deducir judicialmente las responsabilidades penales y civiles correspondientes.
- Creación de una nueva comisión internacional contra la corrupción. Se propone la creación de una comisión internacional anticorrupción con dos mandatos principales: auxiliar a las instituciones con mandato constitucional o legal a realizar investigaciones y la judicialización de casos de corrupción que involucren funcionarios gubernamentales, y, preparar una propuesta de creación de un sistema nacional anticorrupción que permita a El Salvador enfrentar la corrupción de forma integral y sostenible. La comisión debería contar con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas.
- Creación de un nuevo sistema nacional anticorrupción. Se propone la creación gradual de un nuevo sistema nacional anticorrupción que, entre otros, se proponga lo siguiente:
- Adopción de una política nacional anticorrupción que integre objetivos nacionales, articule actores públicos y privados y oriente la utilización de los recursos para la efectiva lucha contra la corrupción.
- Crear y fortalecer una nueva institucionalidad anticorrupción en que todas las fases de la lucha contra la corrupción se puedan enfrentar.
- Involucrar a la ciudadanía en todo el ciclo de la política anticorrupción.
- Creación de una nueva fiscalía anticorrupción. Se propone impulsar reformas constitucionales y legales para la creación de una fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción estatal con un grado de autonomía técnica respecto de la Fiscalía General de la República. La creación y el fortalecimiento de capacidades en esta nueva fiscalía especializada estaría a cargo de la comisión internacional contra la corrupción.
- Eliminación del Tribunal de Ética Gubernamental. El TEG ha demostrado ser una herramienta ineficaz para la lucha contra la corrupción y debe evitarse adicional gasto público en su financiamiento. El mandato disciplinario por actos contrarios a la integridad pública debería ser trasladado a una nueva institucionalidad que forme parte del nuevo sistema de regulación de la función pública o servicio civil.
- Fin de los gastos reservados sin control. Poner fin al uso de gastos reservados sin control, al margen de la denominación o figura que se utilice para ello. Para los fines estatales que lo demanden constitucional o legalmente, se propone crear una partida presupuestaria restringida que de cuyo uso el presidente y sus funcionarios rindan cuentas personalmente a una comisión legislativa especial que gozará de las prevenciones necesarias para proteger intereses que pretenden atenderse con el uso de estos recursos.
- Canal de denuncia de la pequeña corrupción. Se propone impulsar un mecanismo de denuncia, incluso anónima, para que la ciudadanía puede identificar casos en que actos de pequeña corrupción ocurren en la cotidianeidad de la prestación de servicios públicos de salud, educación, seguridad y otros.